Carta de organizaciones civiles y sociales al presidente y a los miembros del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE)


Como ciudadanos y ciudadanos, en ejercicio de nuestros derechos políticos, consagrados por nuestra Constitución, los Instrumentos Internacionales de Protección de los Derechos Humanos ratificados por México, y las leyes que nos rigen en materia electoral, nos dirigimos a Ustedes con todo respeto para exponerles con sinceridad nuestras preocupaciones acerca del proceso electoral que tendrá su expresión clave el próximo domingo primero de julio, durante la jornada electoral en la que se votará por el nuevo titular del Ejecutivo Federal, y se renovará a los Senadores y Diputados que conformarán la nueva Legislatura del H. Congreso de la Unión.

Licenciado Leonardo Valdez Zurita

Presidente del Instituto Federal Electoral

Distinguidos Miembros del Consejo General

Presentes

Como ciudadanos y ciudadanos, en ejercicio de nuestros derechos políticos, consagrados por nuestra Constitución, los Instrumentos Internacionales de Protección de los Derechos Humanos ratificados por México, y las leyes que nos rigen en materia electoral, nos dirigimos a Ustedes con todo respeto para exponerles con sinceridad nuestras preocupaciones acerca del proceso electoral que tendrá su expresión clave el próximo domingo primero de julio, durante la jornada electoral en la que se votará por el nuevo titular del Ejecutivo Federal, y se renovará a los Senadores y Diputados que conformarán la nueva Legislatura del H. Congreso de la Unión.

Somos parte de la Coordinación del Colectivo de Organizaciones Civiles y Sociales que en marzo de este año elaboraron y lanzaron a la opinión pública una Proclama por el Rescate de la Nación, que fue difundida a través de algunos medios escritos y redes sociales, y a la que firmaron y se adhirieron cerca de 600 organizaciones y personalidades de la sociedad en distintos Estados de la República. Somos también integrantes del Equipo que elaboró y dio a conocer el pasado jueves 21 de junio un Pronunciamiento Público por la Paz y el Respeto de la Legalidad Electoral, al que también se adhirieron cientos de organizaciones y personas que firmaron la Proclama por el Rescate de la Nación. Con este acto cumplimos también con una de las resoluciones de una Asamblea por la Paz y la Legalidad Electoral, que se instaló el Sábado 23 de junio en la Universidad Obrera de México.

Somos además conscientes de que, de conformidad con el Artículo 41, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contamos con la facultad de dirigirnos a Ustedes para expresarles nuestro punto de vista sobre el actual proceso electoral, y por eso queremos en primer lugar agradecerles su disponibilidad para recibirnos y escucharnos. Nos anima a demás su afirmación del pasado 9 de junio, en el sentido de que “el IFE es una Institución del Estado, y por lo tanto de todas las mexicanas y mexicanos”.

Nuestras preocupaciones recogen también la expresión que en ese mismo desplegado Ustedes hicieron acerca de que “el IFE entiende su compromiso, es decir, el de organizar una elección limpia, legal y transparente”, así como de “disponer todo lo necesario para que los ciudadanos mexicanos puedan votar de manera libre, secreta y en paz”.

Sin embargo consideramos que ese anhelo no se va a cumplir por decreto, sino que solo será posible a partir de una actuación contundente, comprometida e imparcial por parte en primer lugar de Ustedes. Y por ello les decimos que hemos hecho exigencias nuestras los principios rectores que la Constitución de la República les ordena cumplir en el desempeño de sus funciones: en el ejercicio de las funciones del Instituto Federal Electoral, “la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores” (Artículo 41, fracción V).

Dadas las expectativas, incertidumbres y desconfianzas que el proceso electoral ha suscitado hasta ahora en muchos ciudadanos y ciudadanas de toda la república, nos permitimos también añadirles que, de conformidad con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el principio de legalidad les obliga a actuar en estricto apego a todas las disposiciones consignadas en la ley, de tal manera que no se emitan o desplieguen conductas caprichosas o arbitrarias al margen del texto normativo. El principio de ¡imparcialidad los conmina a evitar irregularidades, desviaciones o proclividades partidarias en el desempeño de sus funciones. El principio de objetividad les ordena que las normas y mecanismos del proceso electoral estén diseñadas para evitar situaciones conflictivas sobre los actos previos a la jornada electoral, durante su desarrollo y en las etapas posteriores a la misma. Y el principio de certeza, que para nosotros en las actuales condiciones del país es el mayor reto al que se enfrentan, los obliga a que todos los participantes que intervienen en el proceso electoral de distintas maneras y con diferentes competencias, conozcan previamente con claridad y seguridad las reglas a que están ellos y Ustedes sujetos (Cfr. VOTO particular formulado por el señor Ministro José Ramón Cossío Díaz, en la Acción de Inconstitucionalidad 149/207, promovida por los partidos políticos Convergencia y del Trabajo, en contra del Congreso y del Gobernador Constitucional del Estado de Hidalgo).

Las preocupaciones y planteamientos que queremos exponerles tienen también como fundamento las obligaciones que el COFIPE le señala al IFE en su Artículo 105, entre otras “Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones”, y “Velar por la autenticidad y efectividad del sufragio”.

A este respecto queremos expresarles a nombre propio, de las organizaciones y personas que así nos lo han demandado en la Asamblea a la que hemos hecho referencia, y de muchas ciudadanas y ciudadanos que en estos días se han acercado a nosotros, o a los que nosotros nos hemos podido acercar, que consideramos que el proceso electoral ha estado viciado y no se han garantizado del todo esos principios constitucionales y esos ordenamientos legales. Sabemos incluso que Consejeras y Consejeros Electorales del propio IFE en varias localidades han expresado su temor de que se haya configurado de nuevo en esta elección federal un fraude, más que nada mediante la compra y coacción del voto, tipificadas como delitos, la inacción de la Fiscalía Especial para Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República (FEPADE), el rebasamiento de los gastos de campaña de los candidatos a la Presidencia de la República, y la ilegalidad e ilegitimidad de su financiamiento.

Con respeto queremos expresarles con franqueza que los hemos percibido renuentes u omisos para enfrentar estos delitos y faltas a la normatividad con la contundencia que la ciudadanía reclama, pues estamos seguros que el IFE, en el cumplimiento de los delicados fines que el pueblo y la ley le han encomendado e imponen, cuenta con todas las facultades que la ley le otorga para asumir el papel de coadyuvante de la FEPADE en la investigación de los delitos electorales que establecen los artículos 403 al 407 del Código Penal Federal.

Queremos también destacar que el artículo cuarto del COFIPE establece con claridad en su numeral 3 que están prohibidos todos los actos que generen presión o coacción de cualquier forma a los electores en la emisión de su voto, por lo que el IFE está obligado a iniciar inmediatamente el procedimiento sancionatorio correspondiente, en cuanto tenga conocimiento de este tipo de actos. Y por ello nos extraña que no hayan surtido las medidas cautelares que algunos partidos les solicitaron en días pasados para prevenir que otro de los partidos este usando tarjetas de débito de una empresa particular, para presuntamente financiar acciones de compra y coacción del voto. Reiteramos que consideramos que la ley le otorga al IFE todas las facultades para poder investigar en este y otros casos análogos el origen y el uso de esos fondos, informar de ello con claridad a la ciudadanía, y dictar las medidas cautelares a que haya lugar. Les expresamos igualmente nuestra desazón porque hasta la fecha no hemos visto que se haya hecho público, como también se lo han demandado otras personalidades, una información clara sobre los gastos realizados hasta la fecha por los candidatos.

Con todo respeto queremos manifestarles que dadas las desagradables experiencias que hemos tenido en otros comicios federales desde el año 1988, junto con otras ciudadanas, ciudadanos y organizaciones no estamos dispuestos a aceptar otra imposición de autoridades que violenten la voluntad popular, comprometiendo así su legitimidad y violentando aún más las condiciones de paz en nuestro país. Y que en caso de que lamentablemente esta se diera, además de recurrir junto con muchas mexicanas y mexicanos con todo derecho a todas las instancias legales para exigir el respeto irrestricto al voto libre de la ciudadanía, haríamos uso del derecho a la resistencia civil pacífica que nos otorga la Constitución.

Acompañamos la presente con dos textos con las firmas de las organizaciones que han participado en su elaboración o se han adherido a ellos: la Proclama por el Rescate de la Nación y el Posicionamiento por la Paz y el Respeto a la Legalidad Electoral

29 de junio de 20912

ATENTAMENTE

Por la Coordinadora Nacional de la Proclama por el Rescate de la Nación y el Posicionamiento por la Pa y el Respeto a la Legalidad Electoral

 Miguel Álvarez Gándara, Miguel Concha Malo, David Escobar, Magdalena Gómez, Dolores González Saravia, Gilberto López y Rivas, Jesús Ramírez Funes, Andrés Ruiz Furlong, Mario Saucedo, Marcos Tello, Martín Velázquez  

Junio 29, 2012 · editor · Comentarios deshabilitados Etiquetas: ,  · Categorías: Carta

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